La presunción de inocencia es un principio democrático. Condenar socialmente sin pruebas y una sentencia judicial es ir contra la democracia. “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Por otra parte, implantar la duda es otra forma de difamación, colocando a uno en la tesitura de tener que demostrar su inocencia. Es casi peor que la acusación, pues para acusar se necesitan pruebas y hechos y no simples principios de valor carentes de evidencia. Los encargados de hacer justicia son única y exclusivamente los jueces. Por ello, se debería luchar por un país donde los tribunales (y no el pueblo ni los medios) sean la única autoridad para juzgar, sentenciar y condenar.
Todo esto viene a colación de las últimas informaciones publicadas en el diario El País acerca de la supuesta trama de corrupción por parte del actual gobierno. Tocqueville citaba en uno de sus libros (“La Democracia en América) que “la libertad de prensa no solo deja sentir su poder sobre las opiniones políticas, sino también sobre todas las opiniones de los hombres”. Todo periodista debe ser consciente de la repercusión de sus informaciones, y publicar esa “carnaza” como la que ha publicado El País el pasado día, es dar de comer a una opinión pública ya enardecida que toma por verídico cualquier algarabía sin pruebas fehacientes y pone bajo duda los buenos haceres de los políticos honrados, que no son pocos.
"Una opinión pública ya enardecida
toma por verídica cualquier algarabía"
Resultan incomprensibles también aquellas personas que parecen regocijarse de los escándalos de corrupción cuando estos atañen al sector ideológicamente contrario. Señores, cuando la corrupción afecta presuntamente a un partido –sea el que sea- afecta también directamente al ciudadano y al país entero. ¿Quién en su sano juicio desearía una catástrofe que también le compete? Esto no es el clásico juego infantil de ‘tú más’ o ‘tú también’. Y menos cuando existe un presidente de la oposición que dirige un partido que, hasta el momento, es el único condenado por financiación ilegal. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Y en esto, Rubalcaba carece de toda autoridad moral.
"Resulta incomprensible que haya gente
que se alegre por los escándalos de corrupción"
Pero también hay que tener en cuenta que los sobresueldos, en caso de existir, no aparecen en la declaración de la renta. El dinero B no se refleja en Hacienda. Lo único que se podría probar es que los datos ofrecidos por el diario El País se encuentran dentro de los límites legales. Pero eso no quita para que no haya habido ninguna irregularidad por parte de algún político. En los próximos días podrían rodar cabezas y los ciudadanos están esperando cambios en el gobierno. “No sólo hay que ser la mujer del César, sino parecerlo”, dice el refranero popular. Y cuanto más en política, donde se desempeñan cargos públicos al servicio de la sociedad. Algo que algunos parecen no tener en cuenta.
"Los sobresueldos no aparecen
en la Declaración de la Renta"
Se ven más nubarrones que zonas claras en el cielo y algunos sectores están pidiendo la dimisión del presidente. Pero en democracia, las urnas tienen su tiempo y de nada sirve buscar trochas para cambiar los resultados. Y menos aún cuando se trata de una filtración periodística (que no judicial) con pruebas más o menos taxativas. Sin embargo, a veces se tiene la sensación de encontrarse ante una sociedad hemipléjica donde solo importa un lado de la balanza, arrojando a la opinión pública al vacío de lo histriónico. Si se llega al poder mediante el proceso democrático de las elecciones, uno debería abandonar su cargo a través del mismo procedimiento. Salvo la existencia, obviamente, de una sentencia judicial que afirme tales inculpaciones. Y digo judicial, que no de calle.
"De nada sirve buscar trochas
para cambiar los resultados electorales"
Por otro lado, habría que separar a la institución de sus arrendatarios. Las personas corruptas no se encuentran en el mismo saco que las honradas. La ley del ‘imperio de lo malo’ no debería ser razón de peso para ensuciar el nombre de ningún partido, llámese Partido Popular o Partido Socialista Obrero Español. Únicamente se trata de erradicar y apartar de forma absoluta y contundente de la vida pública a todas aquellas personas que no lleven con rectitud su cargo. Porque este clima de incertidumbre no afecta solo a los ciudadanos, sino también al Estado a nivel internacional. Los estados son grandes mercados donde el resto de países invierte. Y nadie se ‘deja los cuartos’ en un país donde la situación política –y la social- no es estable. Y es que, las insinuaciones tan graves hacia el Gobierno, publicadas por el diario El País, deben ser probadas. Pero cuando esto pase, uno de los dos va a toparse de frente con la desacreditación eterna de su palabra.
(Artículo publicado en: http://lanoticiaimparcial.com/el-descredito-de-la-palabra/)
Andrea Mateos
@prepyus
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